Si no se conocen con certeza las consecuencias de un problema, ¿se ignora el problema o se trata
de encontrarle alguna solución?

El cambio climático es una amenaza para la humanidad, pero nadie puede determinar con seguridad sus futuros efectos o la magnitud de éstos. La reacción ante esa amenaza seguramente será costosa, compleja y difícil. Hay incluso desacuerdo sobre si realmente existe un problema: mientras numerosas personas temen la extrema gravedad de los efectos, otras argumentan que los científicos no pueden dar pruebas irrefutables de que sus previsiones se harán realidad. Además, no está claro quienes son los que sufrirán más en las diversas regiones del mundo. Sin embargo, si la comunidad internacional espera a que aparezcan las consecuencias y las primeras víctimas, probablemente será muy tarde para actuar. ¿Qué se debe hacer?

La verdad es que en casi todos los círculos científicos la cuestión ya no es si el cambio climático es un problema potencialmente grave, sino en qué forma se manifestará, cuáles serán sus repercusiones y cuál será la mejor forma de detectarlas. Los modelos de computadora de algo tan complicado como el sistema climático de nuestro planeta no son aún lo suficientemente avanzados para brindar respuestas claras y concluyentes. No obstante, si bien el cuándo, dónde y cómo no está definido, el panorama que se desprende de estos modelos climáticos nos lanza señales de alarma.

Por ejemplo:

Los regímenes de precipitaciones regionales podrían variar. Se prevé que el ciclo de evapotranspiración se acelerará a nivel mundial y ello implica que lloverá más, pero que las lluvias también se evaporarán más rápidamente, volviendo los suelos más secos durante los períodos críticos de la temporada de cultivo. Nuevas sequías, o más intensas, en particular en los países más pobres, podrían disminuir el abastecimiento de agua potable hasta el punto que ello podría convertirse en una amenaza grave para la salud pública. Dado que los científicos todavía no tienen entera confianza en los pronósticos regionales, no se aventuran a definir con precisión las zonas del mundo expuestas a volverse más húmedas o más secas, pero, habida cuenta de que los recursos hídricos mundiales ya se hallan bajo una gran presión en virtud del rápido crecimiento demográfico y la expansión de las actividades económicas, el peligro de que ello ocurra es bien real.

Las zonas climáticas y agrícolas podrían desplazarse hacia los polos. Se prevé que en las regiones de latitud media el desplazamiento será de entre 200 y 300 km. por cada grado Celsius de calentamiento. Veranos más secos disminuirían el rendimiento de los cultivos en un lo a 30 por ciento, y es posible que las principales zonas cerealeras actuales (como las Grandes Llanuras de los Estados Unidos) experimenten sequías y golpes de calor más frecuentes. Los bordes septentrionales de las zonas agrícolas de latitud media (el norte del Canadá, Escandinavia, Rusia y el Japón en el hemisferio norte, y el sur de Chile y la Argentina en el hemisferio austral), se beneficiarían de temperaturas más elevadas. Sin embargo, en algunas regiones la escabroso de los terrenos y la pobreza de los suelos impedirían a esos países compensar la merma de rendimiento de las zonas hoy más productivas.

El derretimiento de los glaciares y la dilatación térmica de los océanos podrían aumentar el nivel del mar, amenazando las zonas costeras bajas e islas pequeñas. El nivel medio global del mar ya ha subido cerca de 15 cm en el último siglo y se prevé que el calentamiento de la Tierra ocasionará un aumento adicional de alrededor de 18 cm para el año 2030. De mantenerse la actual tendencia de las emisiones de gases termoactivos, ese aumento podría llegar a los 65 cm por encima de los niveles actuales antes del año 2100. Las tierras más vulnerables serían las regiones costeras desprotegidas y densamente pobladas de algunos de los países más pobres del mundo. Entre las víctimas probables se contaría Bangladesh, cuyas costas ya son propensas a inundaciones devastadoras, al igual que muchos pequeños estados insulares, como las Maldivas.

Estas hipótesis son lo suficientemente alarmantes para causar preocupación, pero demasiado inciertas para permitir a los gobiernos tomar medidas de acción concretas. El panorama es confuso: es comprensible que algunos gobiernos, acosados por otros problemas, responsabilidades y deudas que atender, se vean tentados a no hacer absolutamente nada. Quizás el peligro se aleje, o algún otro se encargará de él; tal vez otro asteroide gigante chocará con la Tierra, ¿quién puede saberlo?

Respuesta de la Convención
Establece un marco y un procedimiento para acordar las medidas especificas que será necesario adoptar más adelante. Los diplomáticos que redactaron la Convención Marco sobre el Cambio Climático la consideraron como el punto de partida de otras posibles medidas futuras. Reconocieron que no era posible que en 1992 los gobiernos convinieran en un plan básico detallado para hacer frente al cambio climático, al establecer un marco institucional y de principios generales e iniciar un procedimiento que les permitiera a los gobiernos reunirse periódicamente, pero se dio el primer paso en esa dirección.

Una ventaja esencial de este enfoque es que permite a los países comenzar a debatir una cuestión antes de que estén todos de acuerdo en que efectivamente constituye un problema. Incluso los países escépticos consideran que su participación es útil (o, en otras palabras, les incomodaría quedar al margen) y ello otorga legitimidad a la causa y crea una especie de presión recíproca entre los miembros de la comunidad internacional para tratar seriamente el tema.

La Convención ha sido concebida de forma que permita a los países reforzar o atenuar sus disposiciones de acuerdo con los últimos descubrimientos científicos. Por ejemplo, pueden convenir en adoptar medidas más específicas (como reducir en un cierto grado las emisiones de los gases de efecto invernadero), aprobando "enmiendas" o "protocolos" a la Convención.

El tratado fomenta la adopción de esas medidas, a pesar de las incertidumbres derivadas de la reciente evolución en el derecho y la diplomacia internacionales de lo que se ha dado en llamar el "principio precautorio". En el derecho internacional tradicional en general no se puede restringir o prohibir una actividad a menos que se demuestre la existencia de un vínculo causal entre dicha actividad y un daño particular. Por tanto, no se puede hacer frente a muchos problemas ambientales, como el daño sufrido por la ozonosfera y la contaminación marina, si se exige una prueba concluyente de la relación de causa y efecto. En consecuencia, la comunidad internacional ha ido gradualmente aceptando el principio precautorio, según el cual aquellas actividades que pueden causar daños graves o irreversibles pueden restringirse o, incluso prohibirse, antes de que exista la certeza científica absoluta de sus repercusiones.

Adopta las medidas preliminares que por ahora son claramente las más razonables. Los países que ratifican la Convención -en la jerga diplomática las "Partes en la Convención"- convienen en tener en cuenta el cambio climático en esferas tales como: agricultura, energía, recursos naturales y actividades relacionadas con las zonas costeras y en promover la elaboración de planes nacionales a los efectos de atenuar el cambio climático. La Convención alienta a las Partes a compartir las tecnologías y a cooperar por otros medios a fin de limitar las emanaciones de gases termoactivos, especialmente las procedentes de los siguientes sectores: energía, transporte, industria, agricultura, silvicultura y gestión de desechos, sectores que en conjunto producen la casi totalidad de las emisiones de gases de efecto invernadero atribuibles a la actividad humana.

Fomenta las investigaciones científicas sobre el cambio climático. El tratado exige que se lleve a cabo una labor de investigación, observación y recopilación de datos sobre el clima y crea un "órgano subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico" con objeto de ayudar a los gobiernos a decidir el curso de acción futura. Cada Estado Parte debe asimismo presentar un "inventario" de las fuentes nacionales de las emisiones de los gases de efecto invernadero (como fábricas y transportes) y los "sumideros" nacionales (bosques y otros ecosistemas naturales que absorben los gases termoactivos de la atmósfera). Dichos inventarios deberán actualizarse periódicamente y hacerse de dominio público. La información proporcionada sobre el volumen de las emisiones de cada gas correspondiente a las distintas actividades será esencial para vigilar las variaciones de las emisiones y determinar la eficacia de las medidas adoptadas para limitarlas.