Se viene el ajuste en el sistema previsional
Por eso, todos se aprestan para la gran batalla del día después: en Córdoba y Bariloche hay muestras de resistencia al recorte impulsado por el gobierno, ANSeS intenta calmar los ánimos repartiéndoles a las 13 cajas previsionales que quedaron en órbitas provinciales migajas de la reparación histórica que les tocaría y en el ámbito asegurador y bancario gana terreno la hipótesis de que Mauricio Macri tratará de privatizar una parte del sistema, lo cual llevó a la norteamericana MetLife a ser la primera de las estatizadas en 2008 en presentar una demanda ante Ciadi del Banco Mundial. La mesa chica de la Jefatura de Gabinete impulsa un recorte fiscal con el actual exiguo margen político que barre aspectos sociales sensibles, como discapacitados, viudez y todos aquellos aportes al plan social enmarcados en el rubro “jubilación para pobres” que la Casa Rosada quiere segmentar de las jubilaciones ordinarias que tienen los trabajadores, una parte de las cuales pensarían en privatizarlas, según afirman en los gremios haber escuchado de quienes elaboran un proyecto poselectoral en el Ministerio de Trabajo.
Crece paradójicamente en Bariloche y Córdoba (cordillera y sierra) el mar de fondo en torno del sistema previsional aunque falten 4 meses para saber si se viene y cómo será el cambio de la ley que espera el tránsito electoral para ir en pos de una parte de los beneficios que perciben los 8,3 millones de jubilados, pensionados y niños por los que las madres reciben la AUH (Asignación Universal por HIjo).
El tuitero K, Edgardo Rovira, revela con información “de adentro” que una comisión en el ámbito del Ministerio de Trabajo está debatiendo la reforma previsional, con la recomendación del Fondo Monetario Internacional que hace poco el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne trajo de Washington, y a la que entusiastamente adhiere el influyente vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, de reformular el cálculo de las jubilaciones un 20%.
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Los funcionarios del organismo internacional advirtieron que “si el promedio de vida sube 3 años más de lo previsto para 2050, el coste del envejecimiento aumentaría un 50% en las economía avanzadas tomando como referencia el PBI de 2010 mundial”.
Aunque todavía no habría un proyecto redactado, los ejes ya estarían establecidos y, según los gremios, la reforma traería la elevación de la edad de jubilación a los 70 años para los hombres y 65 para las mujeres, y privilegia a quienes cuenten con los aportes prolijos. Elimina moratorias, reformula el PAMI y agrega exigencias máximas para que un trabajador pueda acceder a algún beneficio posactividad.
También se menciona que la equiparación entre hombre y mujeres se fije en 65 años como edad jubilatoria y una contribución de 49 años para poder obtener la jubilación total. Sindicalistas allegados al gobierno dejaron trascender la posibilidad que las pensiones sean proporcionales a los años de aporte, cuando estas sean menores a los 30 años obligatorios (buscando subir los años de aportes a 35).
Un análisis publicado en Clarín el 8 de junio, con la firma de Alcadio Oña, quien suele manejar buena información, pronostica que se viene un amplio, ventajoso blanqueo laboral y, probablemente, una rebaja de los aportes patronales. Se trata de una articulación doble propósito: regularizar empleo en negro y, a la vez, incrementar los ingresos. Se habla, en síntesis, de la coexistencia de un sistema de reparto contributivo (hay que realizar aportes previsionales) con otro en el cual se obtiene una pensión sin realizar aportes (no contributivo). Esa podría ser la frontera que divida lo público de lo privado.
Coincide en la suba progresiva de la edad jubilatoria y en que se corregirá el sistema de actualización automática de los haberes, yendo del actual mix de recaudación tributaria-salarios promedio pasados a uno asociado a algún índice de precios futuro. Con carteles que recuerdan que “Los remedios del PAMI no eran gratis. Fueron pagados en 30 años de trabajo”, se están movilizando en San Carlos de Bariloche desde la semana pasada afiliados del sector pasivo: primero en la sede de la calle Brown, ahora en la toma de la delegación de Vicealmirante O’Connor al 800 y ya amenazan con ocupar también a la delegación de Anses como próximo paso, en reclamo porque desde abril más de 2 millones de beneficiarios sin la cobertura del 100% en medicamentos cuando PAMI modificó el modelo de pago a prestadores reduciendo los montos por prácticas, a tal punto que no permitirían cubrir los propios gastos que conllevan.
Esto implicó nuevas barreras en el acceso a las prestaciones y servicios, lo cual afecta tanto su oferta como las subprestaciones. Y en la Caja de Jubilaciones cordobesa están que trinan con el gobierno nacional a partir de que la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) decidió postergar hasta septiembre (el mes preelectoral) el giro de cuotas fijas a las cajas previsionales de 13 provincias no transferidas, y mientras percibirán unos $ 2.000 millones, justificados en la falta de un aplicativo de la AFIP para que las provincias hagan su parte.
Migajas siente el gobernador de la Docta, Juan Carlos Schiaretti, que le tocarían mientras deshoja la margarita entre jugar en octubre con Cambiemos o con el emergente del PJ deberá afrontar con recursos del Tesoro el rojo del organismo, que a abril pasado ya rozaba $1.000 millones. El reclamo que realiza por el déficit del que se tendría que haber hecho cargo ANSeS en virtud de la ley de Reparación Histórica que alcanza a las cajas previsionales que quedaron en manos de las provincias tras la privatización del sistema jubilatorio asciende a más de $5.000 millones.
Desde la vigencia de la ley, la ANSeS ya transfirió unos $ 4.000 millones en 6 cuotas mensuales e iguales a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Santa Cruz, Neuquén, Corrientes, La Pampa, Formosa, Misiones y Tierra del Fuego.
Para este año, el presupuesto nacional prevé $ 14.000 millones destinados a este fin. Como nadie sabe muy bien qué se propone el gobierno nacional y las conjeturas arrecian, una de las 10 compañías de capitalización privada (ex AFJP) que funcionaban en el momento en que se efectuó la estatización, la aseguradora norteamericana MetLife, demandó al Estado en el Ciadi, el tribunal de solución de diferendos entre privados y Estados del Banco Mundial, por la nacionalización del sistema previsional: es el primer juicio que enfrenta el país en el exterior por la estatización de 2008. Lo justifica en el Tratado Bilateral de Inversiones firmado en 1991 entre Estados Unidos y la Argentina.
La noticia la dio BAE Negocios en su portada de hoy. A la Justicia argentina acudieron a reclamar compensaciones 6 de esas 10 firmas del sistema de capitalización que quedaban en el país, sin que hasta el momento hubiera pronunciamiento de los tribunales locales. Entre las 4 que hasta fines de 2010 no habían iniciado acciones judiciales en el país y perdieron ese derecho por cuestiones de prescripción estaba MetLife.
El año pasado, el gobierno de Macri hizo eliminar la cláusula de imposibilidad de venta de las acciones de las ex AFJP que pasaron a formar parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad e inclusive el titular de ANSeS, Emilio Basavilbaso, declaró públicamente que “si hace falta venderlas lo vamos a hacer”, en lo qu se interpretó como una señal de que se las piensa liquidar como primer paso para la vuelta a las AFJP. Humberto Zambon, en la página neuquina vaconfirma, recordó que en los 14 años de funcionamiento de las jubilaciones privadas las AFJP se llevaron un ingreso de US$10.000 millones, mientras que los empresarios se beneficiaron con 35.000 millones por rebaja de los aportes patronales.
El panorama preelectoral que se presenta más acá del estado fronterizo en que catalogó al país Morgan Stanley Capital International (MSCI) muestra un incipiente estado de alerta y movilización de los jubilados, a provincias reclamando por la reparación histórica (Córdoba nada menos entre las más combativas), a ANSeS repartiéndoles una mínima parte para calmar los ánimos a 4 meses del comicio, a las ex AFJP extranjeras activadas para regresar al tablero.
Si es cierto que suena el río y agua traerá, la reforma previsional (o no) asoma en el horizonte del día después electoral, que será el punto de partida hacia una carrera mayor cuya meta es la banda presidencial en 2019.
El oficialismo, por convicción, y la oposición, por conveniencia de que el costo político del ajuste lo pague el que da la cara, concuerdan en que la tijera pasará por el “Estado de beneficencia”. Los números del sistema previsional que aporta un informe de Marcelo Garriga, director de la maestría en Finanzas Públicas de la Facultad de ciencias económicas de la Universidad Nacional de La Plata, se ven igual desde la cara del prisma con que se los mire: el presupuesto asciende a 1 billón de pesos, con un déficit que este año se estima en alrededor de $ 350.00 millones.
Pero fundamentalmente se trata del gasto más importante del público consolidado, que alcanza a 47% del PIB, y además: -representa el 13% del PIB, del que los aportes de los empleadores y trabajadores formales sólo cubren el 45%; -las jubilaciones y pensiones avanzaron el 67,6% sobre el gasto total en 2016, como consecuencia de que la cantidad de beneficiarios pasara de 3,2 millones en 2005 a 6,6 millones en 2015 (“Plan de inclusión previsional”) y por el efecto del mecanismo de movilidad previsional, que hizo incrementar en términos reales las prestaciones promedio; -la relación entre trabajadores formales y jubilados es de 1,3; -las contribuciones patronales y personales son del 27% del salario; -la informalidad laboral es del 35%, mientras los impuestos al trabajo son del 27%.
Y el panorama, así como está, va camino de empeorar porque el 15% de los ingresos corrientes por la coparticipación impositiva de las provincias se recorta en unos $ 86.000 millones a partir de este año hasta llegar a cero en 2020. Oña refresca que desde los ´90, cuando el sistema previsional fue privatizado y desfondado, la ANSeS también obtiene en contrapartida $ 120.000 millones anuales directos del Impuesto a las Ganancias y el 20% de la recaudación.
Más un 11% por el IVA y 21% del gravamen a los Combustibles, lo cual torna asimétrica la metodología de los ajustes periódicos y el comportamiento de esos ingresos atados a los vaivenes de la economía. Los recursos que venían del blanqueo se han ido agotando en tanto subsisten los gastos originados por la llamada Reparación Histórica y el costo de los juicios entablados por quienes no han aceptado la propuesta oficial.
Hasta que se develen las incógnitas electorales, el macrismo puso a los funcionarios a revisar las planillas previsionales para detectar irregularidades y, aunque el tiro le salió por la culata con las pensiones por invalidez (en las que confundieron a los muchos justos con una minoría pecadora) se toparon con casos como el del millar de extranjeros que cobraba jubilaciones pese a que no vivieron nunca en la Argentina. T
ambién se avanzó, aunque con mayor cautela, sobre 37.236 pensiones por viudez para “evitar fraudes” y tener “mayores certezas” sobre las prestaciones que abona y desde el organismo, sobre el que se aclaró que sólo se darán de baja los beneficios en los que se compruebe algún tipo de irregularidad.
Si bien se trata de una limpieza que en plena transición preelectoral mantiene ocupada a la legión de empleados que incorporó la administración macrista desde su asunción, no por ello tendría que resignar prolijidad y animosidad de quienes la administran, pero no mueve ni un ápice la aguja del déficit.
En http://www.nuevodiarioweb.com.ar se publicó, por ejemplo, que un muchacho llamado Marcelo Sova, que había perdido un brazo y una pierna a los 11 años y se le quitó la pensión por discapacidad que cobraba todos los meses, con lo que ahora deberá cargar las bolsas de maíz para sobrevivir.
Según informó el portal El Destape, la última vez que percibió su pensión de $3.300 fue en septiembre de 2016 y la única explicación que recibió fue que dejó de cobrar porque tiene un Fiat Uno. Son muchos los integrantes del equipo de lujo presidencial que cobran el sueldo por la función, siguen conectados a sus negocios particulares que favorecen con la información privilegiada y los resortes del Estado que manejan, viajan a costa del erario público y tienen autos de mayor gama que el Fiat Uno aunque no los usan porque los trasladan en vehículos oficiales con custodias incluidas.
En los tribunales están las listas y la mesa chica de la Jefatura de Gabinete de Ministros las conoce perfectamente con “insider information”. Los recortadores graduales le encomendaron al Ministerio de Modernización que evalúe por dónde pasarle la tijera a sus pares, lo cual compromete hasta el 20% del personal este año y un 50% hacia 2019. El saldo preliminar de las oficinas públicas donde ya terminaron la evaluación tiene una tendencia clara: implica, si no hay modificaciones, un total de 3.497 puestos de trabajo menos en diciembre. Mirando al 2019, el ajuste implica un saldo de 7.068 empleados menos, el 15% del personal de los organismos analizados. Lo dice El Destape K, aunque con datos fehacientes que circulan dentro del gobierno.
Fuente: Urgente 24