Ambientalistas consideran “una burla” la sanción a Barrick Gold
La justicia de San Juan procesó a nueve empleados y el gobierno provincial aplicó una multa de 145 millones de pesos contra la minera canadiense Barrick Gold por el derrame de un millón de litros de una solución cianurada en la mina Veladero, en septiembre de 2015.
“Lo consideramos prácticamente una burla, porque se imputó a nueve empleados pero no se ha tomado ninguna determinación para con la empresa y mucho menos para con los funcionarios que eran los responsables del control”, dijo a AIM Domingo Jofré, integrante de la asamblea Jáchal no se toca, que además señaló que la multa aplicada representa el uno por ciento del movimiento económico anual de la empresa, según su propia declaración jurada.
El gobierno de San Juan multó este viernes con 145.696.000 pesos a la empresa Barrick Gold por el derrame de cianuro. La empresa confirmó la multa y comunicó que está a “total disposición de la Justicia y de las autoridades” para determinar las causas y los responsables. Sin embargo, negó daños a personas o al medio ambiente.
El derrame se produjo en septiembre en la mina Veladero -de aproximadamente un millón de litros de una solución cianurada- tras la rotura de una válvula de la tubería que conduce la sustancia por el valle donde se separa el mineral de la roca. La falla fue detectada varias horas después de producirse el incidente, por lo que el líquido contaminante habría alcanzado a los ríos de la zona.
Asimismo, la justicia sanjuanina decidió procesar a nueve empleados de la firma, aunque deslindando a la empresa de las responsabilidades como también al Estado provincial.
“A nosotros, tanto la decisión judicial como la multa a la empresa, nos parecen bastante poco y lo consideramos prácticamente una burla, porque la decisión judicial ha sido la de imputar a nueve empleados pero no se ha tomado ninguna determinación para con la empresa en particular y mucho menos para con los funcionarios que eran los responsables del control”, sostuvo el integrante de la asamblea Jáchal no se toca, Domingo Jofré., que lamentó que “los principales responsables de lo que ocurrió están gozando de impunidad”.
Respecto de los procesamientos, Jofré hizo notar que el cargo más alto corresponde al gerente de la mina, “que sí tiene responsabilidad, pero también la tienen el CEO de la Barrick en Argentina, el CEO de la Barrick a nivel mundial, los funcionarios de minería, medioambiente, la gente que estaba a cargo de la Policía Minera y el gobernador de la provincia, que son absolutamente responsables de la negligencia que han reconocido”.
En cuanto a la multa, más allá del calificativo de millonaria, que puede impresionar a primera vista, el ambientalista contrastó la cifra con las ganancias que la minera canadiense se lleva del país. “La multa que aplicó el Estado representa el uno por ciento de lo que la minera extrae, por declaración jurada, en un año. Es decir, ellos están extrayendo 700.000 onzas de oro y la multa es equivalente al uno por ciento de eso, 7.000 onzas”, graficó.
De todas maneras, el integrante de la asamblea Jáchal no se toca destacó como “muy positivo” que, tanto en la resolución judicial como en los motivos que da el gobierno provincial para establecer la multa, por primera vez se reconoce que hubo negligencia en el manejo y que hubo contaminación de los ríos.
Dentro de un marco más general, Jofré se refirió a las políticas de Estado que favorecen la proliferación de este tipo de emprendimientos, con controles extremadamente laxos e inmensas ventajas económicas para las empresas. Así, calificó a la decisión del gobierno nacional de eliminar las retenciones a la minería como “una mancha más en un sistema legislativo que propicia esta actividad, a contrapelo de lo que piensa la gente. Nosotros pedimos el cierre de la mina, la remediación de los efectos que haya causado el derrame y estamos pidiendo la prohibición de la actividad megaminera en la región y el gobierno de la provincia responde yendo a Canadá a ofrecer más minas a los inversores, y el gobierno de la nación les envía diputados para que los acompañen y le quita las retenciones de las mineras”.