El FMI quiere aplicar altos impuestos a las energías más contaminantes
El Fondo Monetario Internacional (FMI) propuso incrementar los castigos económicos a las energías más contaminantes, ya sea a través de suba de impuestos o con la aplicación de un precio mínimo internacional del carbono.
Según un reciente informe, el organismo exhortó a las principales empresas y países contaminadores del mundo una “perspectiva realista” para combatir el cambio climático. El organismo aseguró que el precio del carbono es la herramienta política más importante para lograr los drásticos recortes de emisiones necesarios para limitar el calentamiento global a 2 °C para 2050, pero que todavía no existe un gran consenso sobre como elevar las sanciones económicas.
Actualmente cuatro quintas partes de las emisiones siguen sin cotizarse y el precio promedio mundial del carbono es de solo u$s3 por tonelada, muy por debajo del nivel necesario para incentivar la eficiencia energética y reconducir la innovación hacia tecnologías verdes. En ese marco, el FMI evaluó que el nuevo precio podría variar en función del grado de desarrollo del país: u$s75 mínimo para los países ricos; u$s50 para las economías emergentes de ingresos altos; y u$s25 para las de ingresos bajos. Este plan permitiría lograr una reducción del 23% de las emisiones para 2030.
El Fondo no descartó llevar la propuesta a la próxima cumbre del G20. “La acción simultánea entre los grandes emisores de subir la fijación de precios del carbono generaría una acción colectiva contra el cambio climático, al tiempo que abordaría de manera decisiva las preocupaciones sobre la competitividad”, dijo Víctor Gaspar, director del departamento de asuntos fiscales del FMI, e Ian Parry, coautores del informe.
Poner precio a la tonelada de carbono que se libera a la atmósfera es una forma de gravar las energías más contaminantes e incentivar así a consumidores y empresas a utilizar energías limpias, sostuvieron. El objetivo inicial sería cumplir con la meta del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de reducir las emisiones entre un cuarto y la mitad para fines de esta década.
“No hay tiempo que perder en poner en marcha un arreglo de este tipo. Imaginémonos en 2030. Asegurémonos de que no miraremos entonces hacia atrás al 2021 y lamentaremos la oportunidad perdida de una acción eficaz”, agregaron los analistas.
El esquema parece una versión ampliada de una ley canadiense que requiere que las provincias y territorios implementen un precio mínimo del carbono, aumentando progresivamente de 10 dólares canadienses por tonelada en 2018 a 50 dólares canadienses en 2022 y 170 dólares canadienses en 2030. Las provincias canadienses cumplen estos objetivos a través de impuestos o esquemas de comercio de derechos de emisión.