La educación ambiental ya es ley nacional
La nueva Ley Nacional de Educación Ambiental constituye un hito educativo que consolida el acceso de todas las escuelas del país a contenidos, estrategias y herramientas diversas para el abordaje de la temática en las aulas.
Construir conocimiento, alentar hábitos saludables y promover valores de respeto hacia nuestro planeta son algunos de los caminos para alcanzar un modo de vida sustentable y el desarrollo sostenible de las comunidades. Por eso es fundamental que se estudie la temática ambiental y todas sus aristas en los diferentes niveles educativos, ya que desde la escuela se introducen y propician acciones orientadas al cuidado y preservación del mundo que nos rodea.
Son muchas las provincias y jurisdicciones que tienen una ley o normativa vigente de educación ambiental. La Ciudad de Buenos Aires es referente en el país y la región. Desde el 2005 rige en el territorio porteño la ley N.º 1687. El año pasado, el programa Escuelas Verdes celebró sus primeros 10 años como una política pública sostenida a través del tiempo, que fomenta la sustentabilidad a través de la educación y la gestión ambiental en las escuelas porteñas.
Este año Argentina saldó una deuda pendiente en este sentido. El viernes 14 de mayo la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación ratificó de manera unánime lo que los/as diputados/as habían aprobado unas pocas semanas antes: el proyecto de Presupuestos Mínimos para la implementación de la Educación Ambiental en todo el país se convirtió en la ley N.º 27621.
Este logro histórico fue posible gracias al esfuerzo de representantes de la Ciudad de Buenos Aires y las 23 provincias, Organizaciones No Gubernamentales, colectivos y agrupaciones ambientalistas.
En líneas generales, la ley establece una estrategia a nivel nacional a largo plazo, garantizando el derecho a una educación ambiental gratuita, federal, apartidaria y constante. Esta propuesta aprobada por el Congreso permite que se unifiquen objetivos y miradas en todo el territorio nacional, para consolidar el cambio de paradigma necesario para alcanzar un desarrollo sostenible de la sociedad, que a su vez respete, proteja y promueva una gestión eficiente de los bienes naturales y la vida en todas sus formas, hábitats y ecosistemas.
La nueva ley dispone la incorporación de contenidos ambientales en todos los niveles educativos, apoyados en una serie de objetivos, principios y fundamentos básicos, que incluyen el respeto por la biodiversidad, la equidad e igualdad, el reconocimiento a la diversidad cultural y los pueblos originarios, el cuidado del patrimonio natural, el pensamiento crítico y el derecho constitucional a un ambiente sano, entre otros.
La iniciativa crea la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (ENEAI), a través de la cual las escuelas en todo el país podrán contar con una herramienta legal que consolida el abordaje de la temática ambiental en las aulas. Esto implica un avance fundamental en la construcción de una ciudadanía con valores de solidaridad y respeto hacia el ambiente. De esta manera, se alienta a las presentes y futuras generaciones a ser protagonistas del cambio cultural y social que se requiere frente a los desafíos que la crisis ambiental presenta.
La implementación de la ENEAI a nivel territorial, provincial y municipal es un aporte del país para lograr las metas propuestas en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular con la meta 7 del objetivo N.º 4 («Educación de Calidad»): «Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles.»
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente) tendrán la facultad de garantizar la aplicación de la ley, en articulación con el Consejo Federal de Educación.
En los 90 días posteriores a la reglamentación y entrada de vigencia de la ley se deberá conformar la Coordinación Ejecutiva de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental (CENEA), integrada por representantes del ámbito educativo, académico, científico, de los pueblos originarios y organizaciones civiles, entre otros.